La ley de Bienestar Animal, que entra en vigor el 29 de septiembre y que obliga a contratar un seguro para perros, realizar un cursillo de “tenencia responsable” para los dueños e identificar a determinados animales incluidos en un listado, podría demorar su aplicación en algunos puntos al estar el Gobierno en funciones. En concreto, se retrasa la obligación de tener un seguro porque el Gobierno actual no puede aprobar el desarrollo reglamentario específico que precisa.
Así lo ha confirmado la dirección general de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en una circular en la que se reconoce que la contratación obligatoria del seguro de responsabilidad civil para los perros se pospone hasta que se apruebe un reglamento que desarrolle la norma.
